Miembros del Colectivo de Víctimas de Terrorismo en El Salvador. Foto: Jahir Martínez


 

El Presidente de la república, Salvador Sánchez Cercén, la diputada, Nidia Díaz, y el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, podrían ser investigados por la Fiscalía General de la República, luego que el Colectivo de Víctimas de Terrorismo de El Salvador presentara un aviso para que se reabran los casos de la masacre de la Zona Rosa, en 1985 y el derribo de un helicóptero en Lolotique, en 1991.

El Colectivo, a través de su abogado Fernán Álvarez, también pidieron a la Fiscalía se investiguen al menos ocho casos más, que según ellos, prueban que el el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Frente Frabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tenían “una política de aniquilar”.

"Solicita nueva investigación ampliados a la comandancia del PRTC, ERP y FMLN como auditoría intelectual de estrategias militares contraria al derecho humanitario internacional y los derechos humanos y que cumplan la totalidad de la pena por tales crimenes, los autores responsables de tales hechos, antes beneficiados por la ley de amnistía”, dijo hoy Álvarez.

En el aviso también señalan como responsables a Francisco Jovel, Eduardo Sancho, Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, Ana Medina, Mercedes Letona, José Abraham Dimas, William Bolaños, Juan Miguel García Meléndez, Mario González, Fidelito Fuentes y Fernán Hernández, miembros de las organizaciones que conformaron el FMLN.

El 19 de junio de 1985, cuatro infantes de marina de los Estados Unidos fueron asesinados en la Zona Rosa, luego que miembros del PRTC dispararan en su contra; Seis años después, en 1991, el ERP derribó un helicóptero UH-1H cuya tripulación eran tres militares norteaméricanos. Uno de ellos falleció al caer la nave, los otros dos quedaron heridos, pero el ERP se acercó y disparó contra los sobrevivientes.